El precio de gobernar… y el costo de servirse

Por: Antonio Montana

En México, cada vez que se habla del sueldo de los políticos, el ciudadano promedio reacciona como si le hubieran mostrado la cuenta de un restaurante de lujo: indignación inmediata, sin leer la letra chiquita. “Ganan muchísimo”, se repite como mantra nacional. Pero, ¿de verdad ganan tanto… o simplemente nos distraen de dónde está el verdadero negocio?

Empecemos con el dato incómodo. Bajo la llamada política de austeridad, instaurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mantenida por la actual administración de Claudia Sheinbaum, ningún servidor público puede ganar más que el titular del Ejecutivo federal. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 134 mil pesos mensuales netos. Sí, leyó bien: querido lecto, menos de lo que percibe un gerente medio en una empresa transnacional.

Un diputado federal ronda cifras similares; un alcalde de municipio mediano puede ganar incluso menos; y un gobernador —aunque con variaciones— está topado por ese mismo techo. En contraste, un CEO de una empresa grande en México puede ganar entre 300 mil y más de un millón de pesos mensuales, sin contar bonos, acciones y prestaciones que harían sonrojar a cualquier servidor público.

Ahora bien, pongamos en la balanza responsabilidades. Un gerente regional administra ventas. Un CEO toma decisiones estratégicas. Pero un gobernador maneja presupuestos multimillonarios, define políticas públicas que impactan a millones de personas, y —en teoría— carga sobre sus hombros el destino de un estado entero. Si esto fuera el mercado laboral privado, estaríamos hablando de sueldos estratosféricos.

Pero no lo es.

Y ahí es donde empieza la verdadera historia.

Porque cuando el sueldo deja de ser atractivo, el cargo deja de ser vocación… y empieza a ser inversión.

La política mexicana ha perfeccionado una figura no escrita: el funcionario que llega con ingresos modestos y sale con patrimonio inexplicable. No es magia. Es sistema. Y aunque existen candados como la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, la creatividad para evadirlos parece ser el verdadero talento que se evalúa en las urnas.

El problema no es cuánto ganan. El problema es cuánto pueden manejar.

Un alcalde promedio administra presupuestos que van desde decenas hasta cientos de millones de pesos. Un gobernador, miles de millones. Y ahí, entre licitaciones, adjudicaciones directas y “emergencias administrativas”, se abre un abanico de oportunidades que harían palidecer a cualquier emprendedor.

Los proveedores lo dicen en corto, porque en público no conviene: el famoso “diezmo” —ese 10% que se pedía como comisión informal— ha evolucionado. Hoy, en algunos casos, se habla de 30%, 40% o hasta 50% del contrato. Es decir, el negocio ya no es proveer… es repartir.

Y no importa el color del partido. La corrupción en México es el único sistema verdaderamente plural.

Los casos abundan. Alcaldes que llegan en Tsuru y se van en camionetas blindadas. Diputados que no podían pagar la renta y terminan invirtiendo en desarrollos inmobiliarios. Gobernadores que descubren, de pronto, una pasión tardía por las rancherías… pero con ganado fino y helicóptero.

El mecanismo es sencillo, casi pedagógico:
primero, el político necesita financiar su campaña. Luego, debe recuperar la inversión. Y finalmente, asegurar el futuro. En ese proceso, el empresario deja de ser proveedor y se convierte en socio. No hay contrato sin compadrazgo.

Así nacen relaciones donde el constructor ya no compite por calidad, sino por lealtad. Donde el empresario no pregunta “¿cuánto cuesta la obra?”, sino “¿con cuánto hay que mocharse?”. Y donde el político deja de gobernar para administrar intereses.

Se suponía que el cambio de régimen acabaría con esto. Que la corrupción sería erradicada como si fuera una plaga administrativa. Pero la realidad es más terca que el discurso.

Según datos de organizaciones como Transparencia Internacional, México sigue reprobando en percepción de corrupción. No importa cuántas conferencias mañaneras se den ni cuántos discursos se redacten: el problema no era solo de hombres, sino de incentivos.

Y aquí está la ironía: se redujeron los sueldos para combatir la corrupción, pero no se modificó el ecosistema que la hace rentable.

Es como querer evitar que alguien robe bajándole el salario… pero dejándole la caja abierta.

Porque seamos claros: un político honesto, con ese nivel de responsabilidad, ganando menos que sus equivalentes en la iniciativa privada, enfrenta una tentación estructural. No todos caen, por supuesto. Pero el sistema parece diseñado para premiar al que sí lo hace.

Y entonces volvemos a la premisa incómoda:
cuando se le quita lo lucrativo al cargo público… el dinero no desaparece, solo cambia de lugar.

Hoy, ser político en México no es un mal negocio por el sueldo. Es un gran negocio por el presupuesto.

La solución no pasa por pagarles miserias ni por asumir que todos son corruptos por naturaleza. Pasa por cerrar las llaves donde realmente fluye el dinero: transparencia real, auditorías efectivas, sanciones ejemplares y, sobre todo, un rediseño institucional que haga más rentable la honestidad que la trampa.

Porque mientras eso no ocurra, seguiremos en esta tragicomedia nacional donde el sueldo es el pretexto… y el presupuesto, el botín.

Y nosotros, como siempre, pagando la cuenta.