Piden a Nahle revisar contratación del IMSS Bienestar

Integrantes de los Comités de Salud denuncian que funcionarios pretenden dirigir la contratación hacia al menos seis empresas para el programa La Clínica es Nuestra.

Por Osiris Muñoz

Integrantes de los Comités de Salud solicitaron a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y al delegado de los Programas para el Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, revisar las instrucciones emitidas para la contratación de obras y equipamiento del programa federal La Clínica es Nuestra, ante la presunta intervención de funcionarios del sector salud en la selección de proveedores.

Los inconformes señalaron que, durante las últimas dos semanas, comenzaron a recibir indicaciones para modificar los procedimientos de contratación y considerar a por lo menos seis empresas que, presuntamente, cuentan con el aval de funcionarios como: Roberto Ramos Alor, responsable del IMSS-Bienestar en Veracruz, y a Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).

De acuerdo con los denunciantes, el pasado 13 de octubre, Miriam Fajardo Soto, jefa del Departamento de Acción Comunitaria del IMSS-Bienestar, Hugo Cristian Mora Mávil, identificado como jefe de Servicios Jurídicos del IMSS en Veracruz Norte, convocó a una reunión donde se les pidió ajustar los procedimientos y considerar empresas incluidas en una lista avalada por la institución.

Exponen que en el encuentro también participaron representantes de compañías interesadas en obtener contratos, por lo que pide que sea revisando.

Y es que los integrantes de los comités recordaron que el programa entrega recursos para rehabilitar y equipar unidades médicas, mientras que las comunidades identifican sus necesidades, comparan cotizaciones y deciden mediante acuerdos de asamblea qué proveedores contratar.

Por ello, advirtieron que la intervención de funcionarios podría generar conflictos de interés y favorecer a determinadas empresas.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades revisar las instrucciones comunicadas durante la reunión, investigar la presunta participación de los funcionarios señalados en la integración de la lista de empresas y transparentar los criterios para promoverlas.

Asimismo, insistieron en que las contrataciones deben mantenerse bajo decisión de los comités ciudadanos, sin condicionamientos ni intervenciones que puedan limitar su autonomía