Denuncian presuntas amenazas de trabajadora de la Fiscalía y funcionario de Emiliano Zapata; víctima teme por su hijo.
La denunciante señala a Marta Patricia Ramírez Santamaría, empleada de Recursos Humanos de la Fiscalía, y a su esposo, Othón Carrillo, secretario del Ayuntamiento de Emiliano Zapata; asegura que cuenta con medidas de protección por 60 días.
Una mujer denunció de manera anónima presuntas amenazas, insultos y hostigamiento que atribuye a Marta Patricia Ramírez Santamaría, trabajadora del área de Recursos Humanos de la Fiscalía, y señaló que su esposo, Othón Carrillo, quien se desempeña como secretario del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, habría sido mencionado durante los incidentes como una persona con influencias para evitar consecuencias legales.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los hechos comenzaron en agosto pasado, cuando Ramírez Santamaría presuntamente acudió a su área de trabajo y la agredió verbalmente, por lo que estuvo a punto de solicitar la intervención del personal de seguridad para que fuera retirada de las instalaciones.
La afectada relató que durante ese episodio recibió insultos relacionados con su vida personal y supuestas relaciones con diputados, incluido el coordinador y el presidente de la Mesa Directiva, expresiones que consideró ofensivas y constitutivas de daño moral.
Indicó que aproximadamente una semana después comenzaron los mensajes a través de Instagram, en los que, según su versión, continuaron los insultos y las amenazas, algunas de ellas dirigidas también contra su hijo.
La mujer aseguró que recibió advertencias para que tuviera cuidado, pues presuntamente la señalada le manifestó que conocía su domicilio, su lugar de trabajo y la escuela donde estudia su hijo, así como el sitio donde practica deporte.
Ante el temor por su integridad y la seguridad de su familia, decidió acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia por las amenazas.
Como parte del procedimiento, explicó que se convocó a la señalada a una primera audiencia de mediación, a la que no se presentó. Posteriormente, se programó una segunda reunión para el 7 de octubre, en la que ambas partes tuvieron la oportunidad de dialogar con la intervención de la licenciada encargada del asunto.
Sin embargo, la denunciante sostuvo que durante ese encuentro continuaron las burlas y las expresiones ofensivas. Añadió que Ramírez Santamaría habría reiterado que su esposo, Othón Carrillo, cuenta con conocidos e influencias debido al cargo que desempeña en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, por lo que, según el relato, consideraba que no podrían hacerles nada.
La afectada señaló que solicitó una disculpa pública para poner fin al conflicto, al argumentar que las ofensas habían trascendido al ámbito público y afectado su reputación. No obstante, afirmó que su petición fue rechazada y que nuevamente recibió comentarios denigrantes.
Ante esta situación, solicitó medidas de protección a las autoridades de Seguridad Pública, las cuales, de acuerdo con su testimonio, fueron autorizadas por un periodo de 60 días.
Explicó que los elementos policiales ya establecieron contacto con ella y le informaron que realizarán recorridos de vigilancia cada 15 días en su domicilio o lugar de trabajo. Además, cuenta con la posibilidad de comunicarse con los oficiales en caso de presentarse algún incidente que ponga en riesgo su seguridad o la de su hijo.
La denunciante manifestó que su principal preocupación es la integridad del adolescente, debido a las referencias que, asegura, hizo la señalada sobre sus supuestas influencias y el conocimiento que tiene de sus actividades cotidianas.
“Temo por mi hijo”, expresó, al señalar que la situación le ha generado preocupación ante la posibilidad de que pudiera ocurrirle algo.
Finalmente, anunció que continuará con el procedimiento correspondiente ante las autoridades y que también contempla emprender acciones por la vía civil, al considerar que los hechos denunciados han afectado su tranquilidad, reputación e integridad.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de la denunciante y no se cuenta con una postura de las personas mencionadas sobre estos hechos.