Exgerente de CMAS Xalapa denuncia acoso, presunta corrupción y despido irregular por parte del director general; Daniela Griego es omisa ante la situación
Xalapa, Ver.- La exgerente de CMAS, Karla Esther Castillo denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades, acoso y actos de corrupción al interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, señalando directamente al director general, Eric Juárez Valladares.
De acuerdo con su testimonio y pruebas que hizo llegar a esta redacción , su ingreso al organismo se dio por invitación directa del propio funcionario, quien la habría designado como gerente de Recursos Financieros. Sin embargo, afirmó que dicha relación laboral se tornó conflictiva luego de que ella rechazara supuestas insinuaciones de carácter personal, lo que aseguró derivó en una persecución sistemática en su contra.
Como parte de sus señalamientos, Castillo indicó que existe un acta de hechos firmada por jefes de departamento en la que se documentan reuniones convocadas por el director general, en las cuales se emitían comentarios despectivos y de carácter misógino en su contra, con el objetivo de debilitar su autoridad frente al personal. Añadió que dichas reuniones habrían sido grabadas.
Asimismo, denunció presuntos actos de intimidación hacia trabajadores, quienes a decir de ella, fueron amenazados con posibles represalias laborales en caso de respaldarla, señalando que existen conversaciones internas que darían cuenta de estas presiones.
En otro punto, la exfuncionaria acusó la existencia de presunta coacción para realizar actos irregulares en el manejo de recursos. Señaló que, tras no ceder a presiones personales, se le habría solicitado “buscar mecanismos” para justificar gastos de carácter personal, así como autorizar procesos de licitación sin el debido sustento documental, lo que —indicó— contravendría la normativa vigente. Aseguró que cuenta con un audio que respaldaría estas acusaciones.
Respecto a su salida de la dependencia, Castillo sostuvo que su despido ocurrió días después de haber presentado una queja ante la Unidad de Género de CMAS. Señaló que fue notificada de su cese de manera inmediata y bajo presión se le obligó a realizar el proceso de entrega-recepción en condiciones que calificó como hostiles, sin permitirle incluso retirar sus pertenencias personales en ese momento.
Agregó que la firma del acta de entrega-recepción se realizó “bajo protesta”, al no existir —según dijo— condiciones adecuadas ni documentación completa por parte de la Contraloría, lo que ya fue notificado formalmente a las autoridades municipales.
Finalmente, denunció que, pese a haber cumplido con el proceso en esas condiciones, la audiencia de mediación para definir su situación laboral y el pago correspondiente fue diferida, lo que la ha dejado sin ingresos y en estado de indefensión.
