Alcalde de Alvarado desmiente privatización del agua en Riviera Veracruzana y señala, «es fuego amigo»
Alejandro Ávila
Alvarado, Ver.- El presidente municipal de Alvarado, Alberto Cobos, desmintió categóricamente que su administración pretenda privatizar el servicio de agua potable en los fraccionamientos de la Riviera Veracruzana; el edil sostuvo que los señalamientos sobre una supuesta concesión a particulares son completamente falsos y calificó el tema como un intento de politización por parte de actores locales.
En respuesta a las especulaciones difundidas por David Ezequiel Hernández Rojas, representante de un sector de condóminos de la zona, el alcalde aclaró que el gobierno municipal no sostiene negociaciones ni contacto alguno con empresas o inversionistas privados para entregar la gestión del recurso hídrico.
Cobos precisó que la única interlocución institucional que ha mantenido el Ayuntamiento es con la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), organismo con el que se trabaja para concluir formalmente el procedimiento administrativo que permita entregar la infraestructura hidráulica al Estado, tal como lo marca la ley.
»Ha habido una serie de situaciones en las que no quisiera ahondar, pero nada de lo declarado es cierto. En primera, nosotros no tenemos contacto con ningún empresario o particular para concesionar; eso es totalmente falso», enfatizó el munícipe.
El edil detalló que para concretar la transferencia de los pozos y redes de distribución a la CAEV (proceso que abarca la revisión de expedientes técnicos en diversos desarrollos habitacionales), es indispensable contar con el debido respaldo documental y jurídico que garantice certeza a los usuarios, labor que su administración ha venido ejecutando durante su primer año de gestión.
En ese sentido, lamentó que representantes vecinales utilicen el tema para generar desinformación o amenazar con movilizaciones, al considerar que dichas posturas obedecen a intereses políticos y carecen de sustento técnico sobre los tiempos que requiere el trámite legal entre el municipio y el gobierno estatal.