Congreso Local y Gobierno de Veracruz actuarán conforme a la Ley : Esteban Bautista
Por Osiris Muñoz
Xalapa, Ver.- Ante el anuncio de los partidos de oposición de promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de revocación de mandato en Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, aseguró que las modificaciones legales no fueron hechas para proteger a la gobernadora Rocío Nahle García.
El legislador señaló que tanto el Congreso local como el Gobierno del Estado actuarán conforme a la ley y afirmó que no existe preocupación por la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso de revocación de mandato.
«Es respetable. Nosotros venimos de un movimiento. No tenemos ninguna preocupación de que se vaya a revocación. La propia Gobernadora lo ha dicho: nosotros, en el tema de revocación, estamos para cumplir la ley», expresó.
Bautista Hernández rechazó que la reforma sea un «traje a la medida» para beneficiar a la titular del Ejecutivo estatal y sostuvo que la mandataria mantiene un amplio respaldo de la ciudadanía, por lo que, dijo, una eventual consulta refrendaría ese apoyo.
«Si nos vamos a una consulta estatal de calle, así lo digo, de calle, los veracruzanos van a refrendar su apoyo a la Gobernadora», afirmó.
Aunque reconoció que existen sectores inconformes con la actual administración, consideró que las críticas de algunos actores políticos no representan el sentir mayoritario de la población veracruzana.
La reforma aprobada por el Congreso establece que para solicitar la revocación de mandato deberán reunirse, en un plazo de un mes, firmas equivalentes al 10 por ciento de la Lista Nominal de Electores del estado, además del respaldo del tres por ciento de los ciudadanos inscritos en cada uno de 107 municipios.
Estos requisitos fueron cuestionados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), los cuales anunciaron que acudirán a la Suprema Corte mediante una acción de inconstitucionalidad, al considerar que las nuevas disposiciones dificultan la activación del mecanismo de revocación de mandato.
