Bárbara Galindo: del rechazo perredista a la Ley Nahle a la dispensa que la llevó a la Contraloría
La actual contralora general de Veracruz trabajó en el PRD bajo la dirigencia de Sergio Cadena Martínez, quien en 2022 cuestionó la llamada Ley Nahle. Cuatro años después, el Congreso estatal aprobó una dispensa para que Galindo, originaria de Tampico, pudiera ocupar su actual cargo.
El 5 de agosto de 2022, Sergio Cadena Martínez, entonces dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó la llamada Ley Nahle al considerar que se trataba de una imposición del gobierno de Cuitláhuac García y que la iniciativa no respondía a una demanda social. Meses después, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición que permitía reconocer como veracruzanas a personas nacidas fuera del estado por tener hijos veracruzanos, Cadena calificó la reforma como una «aberración jurídica».
En ese período, Bárbara Galindo Ramos formaba parte de la estructura partidista del PRD. En 2020 encabezaba la dirigencia municipal del partido en Boca del Río, mientras Cadena estaba al frente de la dirigencia estatal, donde ambos participaban en la coordinación de actividades políticas.
En febrero de 2026, la gobernadora Rocío Nahle solicitó al Congreso de Veracruz una dispensa para que Galindo Ramos, originaria de Tampico, Tamaulipas, pudiera asumir la titularidad de la Contraloría General del Estado. La solicitud recibió el respaldo de Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien defendió públicamente el perfil de la funcionaria y anunció un acuerdo entre las distintas bancadas. Finalmente, el pleno legislativo aprobó la dispensa el 25 de febrero de 2026.
La discusión no se limita a los antecedentes partidistas de la actual contralora, sino al cuestionamiento de las razones jurídicas y políticas que sustentan este tipo de decisiones, así como los criterios que determinan cuándo una excepción resulta procedente y permiten distinguir si responde al interés público o a intereses políticos particulares.
