Así opera el cártel inmobiliario en Xalapa: usaba documentos falsos y hasta demandas a personas fallecidas
Así opera el cártel inmobiliario en Xalapa: usaba documentos falsos y hasta demandas a personas fallecidas
Xalapa, Ver.,7-septiembre-2026.-La presunta operación de estructuras dedicadas al despojo de bienes inmuebles en la capital del estado ha encendido las alertas institucionales, obligando a los órganos de impartición de justicia a depurar sus procesos y a colaborar estrechamente con el Poder Ejecutivo para frenar prácticas de falsificación documental.
El titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Xalapa, Leopoldo Toss Capistrán, profundizó en los mecanismos utilizados por estas redes y en los expedientes específicos que destaparon la problemática a nivel local.
El fenómeno comenzó a cobrar relevancia pública a raíz de un caso detectado en el fraccionamiento Las Fuentes de Las Ánimas, el cual fue recuperado de manera prioritaria para su legítimo dueño. Sin embargo, las investigaciones judiciales desvelaron que la estrategia de este esquema operaba mediante la fabricación de escenarios jurídicos sustentados en documentos falsificados y testimonios que faltaban a la verdad procesal.
Ante la gravedad de estos hallazgos, el propio órgano jurisdiccional promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, la cual quedó radicada bajo la carpeta de investigación 131/2026. Los tipos penales que se investigan en este expediente incluyen fraude procesal, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones.
El juzgador subrayó que la actuación de los tribunales parte de un principio de buena fe al recibir constancias avaladas por fedatarios públicos o inscritas en el Registro Público; no obstante, cuando se descubre que dichas certificaciones fueron alteradas de forma deliberada, la responsabilidad recae directamente sobre quienes aportaron los elementos apócrifos para inducir al error a la autoridad judicial.
Como respuesta directa a estas prácticas de despojo, los juzgados civiles han implementado protocolos de revisión exhaustiva para evitar que los procedimientos de ejecución sean utilizados con fines ilícitos. El Juez Toss Capistrán informó que, derivado de estas acciones de vigilancia minuciosa, se han logrado paralizar al menos cuatro asuntos que presentaban los mismos indicios de irregularidad.
Entre las anomalías detectadas destacan demandas promovidas contra personas que ya habían fallecido, algunas de las cuales contarían con más de un siglo de edad si vivieran. Para neutralizar este modus operandi, el personal del juzgado cruza antecedentes y verifica el estatus de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) ante el Registro Civil. Esta medida preventiva permite constatar si las partes demandadas se encuentran dadas de baja por defunción, cerrando el paso a sentencias emitidas en perjuicio de propietarios ausentes o difuntos y protegiendo de manera directa a sectores vulnerables, como los adultos mayores que frecuentemente enfrentan el riesgo de perder su patrimonio.
El combate a este tipo de redes ha requerido una estrategia transversal entre los poderes del Estado. Mientras el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno han mantenido mesas de atención directa y audiencias con decenas de ciudadanos afectados, también se han intensificado las inspecciones y suspensiones temporales a notarías y áreas del Registro Público de la Propiedad donde se detectaron vulnerabilidades operativas.
Las autoridades han enfatizado que la protección de la propiedad privada exige una fiscalización rigurosa de los instrumentos públicos, garantizando que la fe pública no sea empleada como herramienta para consumar despojos patrimoniales en la entidad.
