Fueron años para que el Estado asumiera la obligación de destinar recursos para diligencias de búsqueda; por eso se deben transparentar: Colectivo

Por Yazmín Hernández

Xalapa, Ver.- Ante las recientes manifestaciones realizadas por colectivos de búsqueda, Familiares en Búsqueda María Herrera A.C. fijó su postura respecto a los lineamientos establecidos por la ley que rige a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

En un comunicado la organización expresó que su posicionamiento parte del dolor, pero también de la experiencia adquirida tras años de lucha:

“Hoy hablo como madre buscadora desde el lugar más profundo: el de una madre que sigue buscando a su hijo y a las hijas e hijos de alguien más, y que aprendió, con dolor, cómo funciona y cómo debería funcionar el sistema de atención a víctimas”.

Respecto a la toma de instalaciones de la CEEAIV, señalaron que comprenden la indignación, pues conocen lo que significa enfrentar puertas cerradas, esperar diligencias durante meses o no contar con recursos para traslados, copias certificadas o acciones de búsqueda.

“Nada de eso es ajeno a nuestro dolor”, enfatizaron.
Sin embargo, también recordaron que los derechos con los que hoy cuentan las víctimas no surgieron de manera espontánea, sino que fueron producto de años de exigencia y sacrificio de madres buscadoras que impulsaron el reconocimiento del derecho a apoyos económicos, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y medidas de ayuda inmediata.

Destacaron que tomó años lograr que el Estado asumiera la obligación de destinar recursos públicos para diligencias, traslados y gastos derivados de la búsqueda, y que dichos recursos son producto de la lucha colectiva.

Por ello, la asociación manifestó con claridad:
“Sí estamos de acuerdo en que existan lineamientos claros y reglas de operación transparentes para los apoyos económicos y para las diligencias que brinda la Comisión.

No para limitar derechos. No para excluir. Sino para garantizar que el recurso alcance para todas las familias”.

Finalmente, dijeron que los recursos no pertenecen a un grupo en particular, sino que está destinado a todas las familias víctimas que lo necesitan. La transparencia y el orden en su aplicación, señalaron, son fundamentales para asegurar que ninguna familia quede fuera y que los apoyos continúen de manera sostenible y equitativa.