El Panteón financiero de Fortín y el milagro de la reencarnación política
Por: Antonio Montana
En la alquimia política veracruzana existe una regla inquebrantable: la materia y el presupuesto no se destruyen, solamente se transfieren a cuentas de origen desconocido. El dictamen de la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Fortín ha dejado de ser una simple sospecha para convertirse en un cadáver financiero innegable. La etapa de solventación, ese limbo burocrático donde los ediles intentan convertir recibos de papelería en justificaciones legales, ha expirado formalmente. Lo que queda en la plancha de disección del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) es un presunto daño patrimonial que asciende a $15 millones 313 mil 995 pesos con sus 83 centavos. Más de quince millones de pesos que se evaporaron en la densa bruma de la inoperancia.
Para entender la anatomía de este desfalco, hay que diseccionar las heridas. La primera es estrictamente financiera: $582 mil 505 pesos 70 centavos perdidos en un agujero negro administrativo. La mayor parte de este monto se esfumó en supuestos gastos de alimentos, gasolina y viáticos que carecen de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) o de las firmas correspondientes. Literalmente, el dinero desapareció sin dejar siquiera el rastro de la propina.
Sin embargo, la cereza lúgubre de este pastel es un pago superior a los $200 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¿El motivo? A la administración se le «olvidó» enterar a tiempo las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los salarios. Así, el ciudadano común terminó subsidiando de su bolsillo las multas generadas por la evasión fiscal de sus propios gobernantes. Una ironía verdaderamente exquisita.
Pero la auténtica obra maestra de la irregularidad es, paradójicamente, la Obra Pública. Hablamos de $14 millones 731 mil 490 pesos y no olvidemos los 13 centavos invertidos en veintitrés proyectos reportados como terminados, pero que nacieron con el pecado original de la ilegalidad. Calles, sistemas de drenaje y pavimentaciones enteras se ejecutaron de manera sistemática sin tramitar el dictamen de impacto ambiental ante la SEDEMA y, en casos específicos, evadiendo la validación obligatoria de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). En Fortín, el «progreso» pareció medirse en metros cúbicos de concreto vertidos directamente sobre la normativa ecológica.
Y aquí es donde la trama abandona la simple negligencia para entrar de lleno en el terreno de lo absurdo y el reciclaje político. El principal arquitecto técnico de este desastre normativo, el entonces Director de Obras Públicas de Fortín, Enrique Gaspar Falcón —quien además fue noticia en su momento por episodios de violencia y asaltos durante su encargo—, no está precisamente enfrentando el escrutinio de la ley. Por el contrario, en un magistral acto de escapismo que envidiaría el mismísimo Houdini, ha sido premiado integrándose a las filas de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Veracruz puerto. Es un fenómeno digno de estudio: en nuestra política, los perfiles con expedientes radiactivos no se aíslan, se exportan a otras administraciones para que sigan irradiando su particular “visión del desarrollo urbano”.
Con la fase de solventación oficialmente enterrada y sin que el Ayuntamiento lograra justificar el destino lícito de estos recursos, el siguiente paso lógico no es el olvido, sino la Fiscalía El ORFIS tiene ahora la obligación legal de presentar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y en voz de su titular Delia González Cobos se anunció que ya se hizo.
Desde la trinchera jurídica, los exfuncionarios involucrados en este catálogo de omisiones no enfrentan simples faltas administrativas. Estamos hablando de la probable configuración de delitos de alto impacto como Peculado, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un Deber Legal. El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz es bastante explícito al respecto, aunque en la práctica algunos jueces sufran de miopía selectiva: las penas por este tipo de corrupción no solo exigen la reparación integral del daño —es decir, devolver hasta el último centavo de esos 15.3 millones al erario—, sino que contemplan sanciones que van de los 4 a los 15 años de prisión, multas severas y la inhabilitación absoluta para ocupar cualquier cargo público por un periodo de hasta 15 años.
Si la Fiscalía decide actuar con la precisión del bisturí que la ley le otorga y no con la torpeza del encubrimiento, este caso debería sentar un precedente. Sin embargo, en un sistema donde los operadores del desastre son trasladados y ascendidos en lugar de ser procesados, uno no puede evitar preguntarse si la justicia penal terminará amputando la corrupción, o si será simplemente un trámite de papel más en el vasto panteón de la impunidad veracruzana.
Y la pregunta final… ¿Los fortinenses qué opinan de todo esto?
