Resumen sobre cobros en radio y televisión en Costa Rica
Por Marco Tulio Vega, periodista director, Tiquicia Conecta
Hoy las radios y los canales de televisión pagan muy poco por usar un recurso que es del Estado: el espectro radioeléctrico.
La ley que fija ese cobro es de 1954 y prácticamente no se ha actualizado. Por eso se dan casos tan absurdos como que una televisora que factura ₡36.000 millones al año pague apenas $200 por la frecuencia.
Es evidente que los grandes grupos se han beneficiado durante décadas con montos simbólicos que no tienen ninguna relación con lo que realmente ganan.
El gobierno quiere cambiar eso con el proyecto de ley 24.461, que propone que los medios paguen según sus ingresos:
• Televisión: 7,73% de sus ingresos brutos.
• Radio: 3,13% de sus ingresos brutos.
La lógica es: que los grandes paguen lo que corresponde y no migajas. Y eso así tiene que ser en todos los órdenes. Pero también es cierto que este cambio golpea más a los medios pequeños, que tienen márgenes reducidos y estructuras frágiles. Ahí está parte del problema: una medida pensada para corregir abusos históricos de los poderosos también puede terminar asfixiando a quienes menos tienen.
A la par de esta reforma, el gobierno impulsa una subasta pública para reasignar las frecuencias por 15 años. Y aquí hay otro punto crítico: por primera vez se fijaron precios base muy altos, que van desde unos $9.600 para radios AM pequeñas hasta $1,6 millones para un canal nacional de TV.
El TSE ordenó que esta subasta solo puede hacerse después de las elecciones de 2026, así que, aunque el proceso avanza, no puede ejecutarse ya.
Tanto la nueva ley como la subasta son procesos distintos, pero en la práctica sus efectos se acumulan: uno es el pago anual (porcentaje sobre ingresos) y el otro es el costo inicial para renovar o conseguir una frecuencia. Juntos, representan una carga muy fuerte para los medios más pequeños.
¿Es justa la reforma?
Depende. Desde el punto de vista del gobierno, tiene sentido que quien más gana pague más y que el espectro genere recursos para el país. Pero desde la perspectiva de las radios regionales, comunitarias o religiosas, el porcentaje sobre ingresos es muy pesado y se combina con precios de subasta que muchos no pueden asumir. Esto puede reducir la diversidad informativa y dejar al país con menos voces.
De hecho, existe un riesgo real —ya señalado por varios sectores— de que las nuevas reglas terminen favoreciendo a los grandes grupos y expulsando a los pequeños. La consecuencia sería una mayor concentración mediática, justo lo contrario de lo que necesita una democracia sana.
En mi caso personal, sí considero que los grandes empresarios han pagado tarifas ridículas durante años y que una actualización era necesaria. Pero también me preocupa que los cambios se estén impulsando con el hígado, sin diálogo y sin distinguir entre gigantes mediáticos y emisoras que apenas sobreviven. No podemos corregir una injusticia generando otra.
En resumen:
• Hoy los medios pagan muy poco.
• La reforma plantea que paguen según lo que ganan, lo cual es justo en teoría.
• Pero la subasta y el nuevo cobro, juntos, pueden expulsar a medios pequeños.
• Los cambios no son inmediatos, pero sí vienen en camino.
• Si no se hacen con cabeza fría y equilibrio, solo sobrevivirán los grupos más fuertes, y Costa Rica perdería pluralidad y voces locales.
